La Constitución española que, en su artículo 14, consagra el derecho fundamental de todas las personas a no ser discriminadas por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, establece en su artículo 9.2 que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
En aras de conseguir la igualdad real, el Gobierno de España ha dado, en estos últimos años, pasos importantes en la remoción de los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud en todos los ámbitos y, en particular, en la lucha por erradicar de nuestra sociedad toda forma de discriminación, mediante la aprobación de leyes específicas dirigidas a equilibrar y ampliar los derechos de ciudadanía, y el compromiso con y por la igualdad en el desarrollo de cada una de las políticas impulsadas por el Gobierno.
Con estos avances, nuestro país ha labrado un camino hasta situarse como referente en el reconocimiento y la extensión de los derechos civiles y sociales en el mundo, consagrados en este ámbito, concretamente en el artículo 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 16 de diciembre de 1966.
No obstante, y pese a los avances alcanzados, queda recorrido en la lucha por la eliminación de la homofobia y la transfobia, que siguen siendo unas de las formas de odio más extendidas, encontrando incluso reflejo aún en la actualidad, en la legislación penal de numerosos países.
Por ello, la no discriminación por motivos de orientación o identidad sexual es una prioridad, no sólo de este Gobierno, sino de la Unión Europea, y así se reflejó en la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género, adoptada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2008, con el copatrocinio de todos los Estados Miembros de la Unión Europea; así como en la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, el pasado 17 de mayo de 2009 y 2010; y en la adopción durante la Presidencia española de la Unión Europea de un documento operativo que habilita al personal de las sedes de la Unión Europea, de las capitales de los Estados miembros, de sus Delegaciones, Representaciones y Embajadas, dentro del marco de su acción exterior, así como con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, a reaccionar voluntariamente ante casos de violaciones de derechos humanos por motivo de orientación sexual e identidad de género, así como a seguir impulsando acciones para la promoción y protección de los derechos humanos en este ámbito.
Por ello, el Gobierno mantiene entre sus prioridades el firme compromiso de seguir trabajando, tanto a nivel nacional como internacional, en la prevención y la lucha contra todas las formas de discriminación para que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos disfrutando así de una verdadera y plena ciudadanía democrática, impulsado a su vez desde distintos ámbitos institucionales y sociales.
Así se reflejó tanto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de junio 2009, por el que se promovía el reconocimiento internacional del 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, como en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2010.
En esta misma línea, el pasado 7 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que tiene como finalidad prevenir y erradicar las discriminaciones actuales y las futuras y con el que aspiramos a establecer un mínimo común denominador normativo que contenga las definiciones y garantías básicas del derecho antidiscriminatorio, dando una protección real y efectiva a las víctimas de discriminación en cualquiera de su formas.
En el ámbito internacional, con ocasión de la decimosexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril de 2011, se presentó una Declaración conjunta que solicita poner fin a la violencia, la criminalización y las violaciones de derechos humanos por razón de orientación sexual e identidad de género. Esta Declaración, de cuyo Grupo impulsor formó parte España, supone un importante hito en la conquista de los derechos humanos, al ser la primera vez que 85 países de todas las regiones del mundo copatrocinan una Declaración en esta materia.
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