viernes, 23 de julio de 2010

El derecho a tener derechos. Por Susi Pola

Del 13 al 16 de julio pasado, más de 800 personas delegadas de más de 30 países, autoridades de gobierno y representantes de la sociedad civil. participaron en la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), convocada con carácter permanente y regular cada tres años, para identificar necesidades regionales y subregionales de las mujeres, recomendar, evaluar  las actividades llevadas a cabo para cumplir acuerdos y planes regionales e internacionales sobre el tema, y proporcionar un foro para el debate.
¿Qué Estado para qué igualdad? Fue la pregunta planteada, para intentar responder sobre los derechos humanos de las mujeres e impulsar y medir los avances en materia de igualdad de género. Bajo este título, la CEPAL examinó logros y desafíos enfrentados por los gobiernos de la región, a la luz de las interacciones entre el Estado, el mercado y las familias, como instituciones sociales construidas mediante políticas, instituciones, leyes, usos y costumbres, conjunto que establece las condiciones para renovar o perpetuar las jerarquías sociales y de género.
En nuestro país, enunciamos algunas políticas públicas sensibles al género; dimos pasos en la lucha contra la violencia basada en el género contra las mujeres, de pareja, intrafamiliar y/o sexual, modificando la legislación penal; incluimos cuotas afirmativas en la Ley Electoral; y también, hablamos de feminización de la pobreza y del VIH-SIDA.
Sin embargo, las políticas públicas  no son suficientes y la mayoría de las aplicadas, lo son sin experticia, basadas en el clientelismo  partidista de turno en el gobierno, aunque la Constitución renovada condene la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas y mande al Estado garantizar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Como ejemplo, la posición nacional contra la violencia basada en el género, intrafamiliar y/o sexual, es la de la justicia con medidas condenatorias sin que otras instituciones nacionales como Salud Pública, Educación, Trabajo, Economía, Planificación y Desarrollo, Interior y Policía, y otras, se hagan cargo de la prevención necesaria.
El Ministerio de la Mujer, órgano estatal encargado del enfoque nacional para aplicar las políticas de género, con el presupuesto más bajo entre todos los demás, carece de poder, situación que muestra la poca importancia que tiene para el Estado dominicano el compromiso de cerrar la brecha de la desigualdad de género.
La propuesta de la CEPAL en Brasilia, es de una marcha constante, obstinada e irreductible por la igualdad y equidad de género, los otros nombres de la libertad y la democracia. ¡Un reto también dominicano!
Susi Pola Z.

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